Ahora, buscan desprenderse de este paquete accionario, sin costas. Es decir que el privado que tome las acciones no deberá pagarle nada al Gobierno (ni nacional ni provincial), sino hacerse cargo de la deuda de la empresa.

La empresa había solicitado la asistencia del Gobierno Nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a "la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros".

La asistencia requerida tuvo por finalidad permitir a la empresa asegurar la continuidad de sus operaciones, mantener la fuente de empleo para sus más de 720 empleados propios y las más de cien PYMES con las que trabaja, conservar las tecnologías desarrolladas durante su historia y contar con el capital de trabajo necesario para mantener sus operaciones.

Para ello, el Gobierno Nacional solicitó que la Provincia también fuera parte de esta operatoria. La condición bajo la que accedió la Provincia a formar parte de esta operación fue "que el Gobierno Nacional integre la totalidad del monto comprometido, razón por la cual envió un Aporte del Tesoro Nacional, de U$S5 mllones.

El gobernador Alfredo Cornejo admitió días atrás: "Esta empresa nunca debió dejar de ser privada y nunca debió caer en estas circunstancias", aseguró.

Cornejo aseguró que esta empresa debe operar bajo la lógica privada y reestructurar su deuda para obtener nuevos contratos. Asimismo, dejó en claro que la opción estatal está descartada y dijo que se requieren autorizaciones legislativas para vender las acciones provinciales, que se adquirieron con un aporte de 5 millones de dólares.

Impsa exporta el 85% de su producción y tiene presencia en más de 40 países al generar equipamiento para la industria de petróleo y gas, energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica. Entre sus proveedores, figuran YPF, Enarsa, las Fuerzas Armadas, Fortescue, el Ejército de EE.UU, Dioxitec, Nucleoeléctrica, Yaciretá y el CAREM, el primer proyecto de reactor nuclear argentino.

El Gobierno nacional tiene el 63,72% de las acciones de la metalmecánica desde la estatización de la compañía en 2021. Mendoza tiene el 21,2% -cesión con media sanción en la Legislatura mendocina-. El resto de las acciones se reparten entre un fondo de acreedores con un 9,78% y la familia Pescarmona, que conservan un 5,26%.

El martes pasado el oficialismo no logró los 2/3 de votos para conseguir el estado parlamentario; y se espera que hoy se trate. Se descuenta que será ley.

Mendoza podrá transferir 454.300.000 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C de la empresa.